Hablamos de dinero

20 minutos / 03.05.2005
El actual sistema de financiación no ha ayudado a igualar la renta de las autonomías ricas y pobresLa propuesta catalana para reformar la financiación autonómica vuelve a disparar las tensiones políticas. Nada nuevo, por otra parte. Sucedió en 1993, cuando el PSOE pactó con Jordi Pujol la cesión a las comunidades autónomas del 15% de lo que recaudaran por el impuesto de la renta (IRPF), a cambio del apoyo de CiU al maltrecho Gobierno de Felipe González. O en 1996, cuando el PP aceptó cederles el 30% del IRPF dentro del pacto con Pujol para asegurar la llegada a la Moncloa de José María Aznar. Y en 2001, al aceptar el PP la participación de las haciendas autonómicas –otra vez para contentar a CiU– en la recaudación del IRPF, el IVA e impuestos especiales, como los de la gasolina, el alcohol o el tabaco.

El problema es que todos estos acuerdos se han visto siempre como un chantaje de Cataluña al Estado. Como ahora, vaya. El debate real ha quedado así enterrado bajo tal cúmulo de actitudes demagógicas y pseudocientíficas que ha sido imposible centrar la cuestión: la aspiración de las autonomías de poder ofrecer los mejores servicios a sus ciudadanos (educación, sanidad, ayudas sociales...).

Los culpables de esta visión deformada son tanto los que proponen con maneras inadecuadas como los que justifican sus concesiones por la voracidad de los demandantes, y los medios de comunicación que prefieren la trifulca política al análisis riguroso de las propuestas. El hecho incontestable es que el actual sistema de financiación autonómica y los parches sucesivos no han ayudado a reducir las diferencias de renta entre los ciudadanos de las autonomías ricas y pobres. Y ése debería ser el objetivo prioritario de cualquier reforma que se ponga sobre la mesa.